Unas 3.000 empresas en Chile dispondrán de cupos laborales para personas con algún tipo de discapacidad.

Hasta hace algunos años la realidad laboral de las personas con discapacidad leve, moderada y severa en Chile resultaba muy compleja puesto que en su mayoría se encontraban con mínimas oportunidades de acceso a un trabajo o recibían salario reducido y poco justos; y eran las mujeres discapacitadas las más perjudicadas.

Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial en 2011, un 15% del total de la población mundial vive en esta situación, indicando que la mayoría de ellos se encuentra en situación de vulnerabilidad por ausencia o precariedad de bienes y servicios adecuados a sus necesidades.

Por su parte, un estudio elaborado en 2016 por el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) señala que en Chile existen 2.605.914 personas mayores de 18 años con algún grado de discapacidad, representando el 20% de la población total. De ellas, un 73,9% cuenta con trabajo con plazo indefinido y 26,1% con plazo fijo, percibiendo un sueldo mensual promedio de $286.701.

Ante esta situación, la ley 21.015 sobre Inclusión Laboral -ya vigente desde el 1 de abril de 2018- viene a promover e integrar a personas con discapacidad al mundo laboral, sea en el sector público como en el privado.

Beneficiarios de la ley

A seis meses de la promulgación de esta ley, y en el marco de la reciente feria Expo Inclusión, donde se dispusieron 500 cupos laborales para personas en condición de discapacidad, el ministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno comentó que “ya tenemos 917 empresas que representan 4.445 puestos de trabajo con personas con discapacidad. De ellas, 2.895 son hombres y 1.550 son mujeres”.

Para beneficiarse de la Ley de Inclusión Laboral el interesado debe poseer una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional o tener cualquier discapacidad calificada previamente por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), dependientes del Ministerio de Salud.

De acuerdo a la normativa, las empresas que cuenten con más de 100 puestos de trabajo deberán destinar al menos el 1% de ellos para candidatos con algún tipo de discapacidad. Además, se establece que las personas en estas condiciones no pueden percibir salarios menores al sueldo mínimo, y se fija en 26 años la edad límite para formalizar contratos de aprendizaje con personas que posean discapacidad intelectual.

Entre otras garantías de la legislación se cuentan:

• Respeto a la dignidad de las personas con discapacidad mental eliminando la discriminación salarial.
• Garantías a discapacitados que postulen a procesos laborales del Estado.
• Reglamentos para el sector público y privado para normar la aplicación de la ley en ambos ámbitos.

Estímulo a las empresas

El ministro Moreno comentó que “las empresas y los empleadores están entrando paulatinamente a esta ley, cambiando las condiciones de trabajo y la forma en que se contrata a las personas”.

Entre estos nuevos paradigmas laborales inclusivos surgen diferentes características que tenderán a mejorar las condiciones y climas laborales al interior de las empresas, junto a una percepción del público de compañías más involucradas con esta problemática. Entre ellos destacan:

• Trabajo en equipo: la inclusión aporta y potencia el trabajo en equipo.
• Mejora la calidad de vida: integrar a una persona discapacitada al círculo activo laboral les ayuda a mejorar su calidad de vida, y generan nuevas experiencias y motivadores para aquellos que no presentan estas condiciones.
• Más desafíos: adaptar nuevas metodologías de trabajo incentivan a mejorar el clima interno de la empresa.
• Mejorará la reputación corporativa, pues una empresa que incluya a discapacitados entre sus empleados podrá generar un factor social diferenciador con otras compañías.
• Generar nuevos valores: favorecer la no discriminación y fomentar la tolerancia a la discapacidad repercute positivamente en la productividad y al mejoramiento de las relaciones interpersonales al interior de las compañías.

Actualmente son más de 3.000 empresas nacionales que están afectas a las normas de la Ley de Inclusión Laboral, y que deberán considerar cupos en sus plantas de empleados para personas con discapacidad.