Estadísticas, Avances y Desafíos de la Ley de Inclusión 21.015

88.627 contratos de trabajo han sido registrados a partir de la promulgación de la ley 21.015 y, hasta la fecha, son más de 18.000 las empresas que han incorporado al menos al 1% de personas con discapacidad al interior de sus organizaciones, esto según indicó el Director del Trabajo, Pablo Zenteno, en el IV° Congreso Internacional de la 5ta versión de Expo Inclusión.

Han pasado poco más de 4 años desde que se puso en marcha la Ley 21.015 de Inclusión Laboral en el país, la que estipula que las empresas con 100 o más trabajadores deben contar con al menos el 1% de su dotación a personas con discapacidad. Pese a que cada vez son más las empresas inclusivas, aún hay muchas que no cumplen con la obligación de cumplir la cuota establecida. También, cada vez son más las personas que trabajan bajo el alero de esta ley.

“En el ámbito de la inclusión laboral, nosotros desde el año 2017- 2018, a partir de la ley 21.015, hemos tenido grandes avances, no solamente en términos numéricos, sino que también a través de la incorporación de un paradigma en el código del trabajo y otras legislaciones que regulan la materia. Desde el primero de abril de 2018 hasta junio de 2022, tenemos que 88.627 contratos de trabajo han sido registrados a partir de la ley 21.015, eso ha significado que 74.451 trabajadores y trabajadoras han estado regido por esta normativa. Hasta la fecha existen 18.639 empresas que han incorporado, a partir de esta contratación, y respecto de la condición del trabajador, estamos hablando mayoritariamente de más hombres que mujeres y ahí, evidentemente, tenemos un importante desafío”, comentó.

Una de las formas de fiscalización con la que cuenta la Dirección del Trabajo es la Comunicación Electrónica, la cual Permite a los empleadores y empleadoras registrar ante la (DT) que está dando cumplimiento a la Ley Nº 21.015. Con respecto a esto, el director Zenteno se refirió a que en relación a la “comunicación electrónica, es decir esta obligación que tienen las empresas de comunicar a la Dirección del Trabajo, desde el año 2019 al año 2022, no hemos tenido grandes variantes. El 2019 tuvimos 2.411 empresas que enviaron Comunicación Electrónica (…) y en 2022 2.268, todo esto desde el primero de abril de 2018 hasta el 30 de junio de 2022. Por regiones, el dato refleja el tamaño numérico de trabajadores y trabajadoras de cada una de las regiones y es así, como evidente en la Región Metropolitana tenemos un mayor número de comunicaciones electrónicas durante todos los años, no así por ejemplo en regiones más pequeñas como en Arica y Parinacota y eso, desde el norte al sur, vemos a la misma composición”.

Acciones Realizadas 2021-2022

Pese a que las cifras han ido de forma positiva, aún existen muchas empresas que no se han regido por la ley, lo que ha provocado el aumento de denuncias a la Dirección del Trabajo por parte de los trabajadores y trabajadoras de esas organizaciones

“Durante el 2019 tuvimos 8 denuncias por incumplimiento de esta legislación, el 2020 hubo 3 denuncias, el 2021 hubo 20 denuncias y este 2022 ya vamos en 9 denuncias. Sin embargo, durante estos tres años, siempre las fiscalizaciones fueron menores que las denuncias. Por ejemplo, el año 2019 tuvimos 8 denuncias y en materia de fiscalización tuvimos simplemente 7. En el año 2020 tuvimos 3 denuncias y nuestras fiscalizaciones fueron 2. Durante el año 2021 tuvimos 20 denuncias y nuestras fiscalizaciones por denuncias fueron solamente 15 y, durante este 2022, llevamos 9 denuncias y hemos hecho 12 fiscalizaciones, esto quiere decir que, a lo mejor, una de las denuncias, se ha fiscalizado o re-fiscalizado, por lo que este año hemos fiscalizado más de lo que se nos ha denunciado en términos reactivo”.

Sin embargo, la Dirección del Trabajo cuenta con programas de fiscalización, en donde se designan a funcionarios de la DT que están orientados u orientadas a prevenir, constatar el incumplimiento de la normativa laboral vigente y controlar el cumplimiento de la misma. En este sentido, el sr. Pablo Zenteno recalcó una diferencia en los programas entre los años 2019 y 2022. “En el año 2019 tuvimos 100 fiscalizaciones por programa, el 2020 tuvimos 200, el 2021 tuvimos 535 y este año hemos tenido cero por programa de fiscalización. Esto se produce porque en años anteriores se armaron programas que tendieron a fiscalizar la comunicación electrónica que hacen las empresas. Es decir, nosotros fiscalizábamos que efectivamente la empresa hubiese comunicado y hubiese cumplido con su obligación de comunicar o no. Sin embargo, esa forma de fiscalizar, no diría que son erróneos, pero no dan en la médula de la legislación, o sea, no nos permiten comprobar si la legislación, en término de la cuota o medidas alternativas, se están cumpliendo efectivamente”.

Para encontrar una solución a esto, la Dirección del Trabajo le solicitó a la Subsecretaría del Trabajo, a partir también de la entrada en vigencia de la ley 21.275, la revisión del decreto 64 que es el reglamento de la ley de inclusión para hacer algunas modificaciones que nos permitan, de alguna manera, a partir de un diagnóstico que se arrastra hace un par de años, mejorar nuestras herramientas de fiscalización y así elaborar programas durante el año 2023 que tiendan al objetivo principal que debiese ser la fiscalización y lograr el cumplimiento de la legislación laboral y promover el autocumplimiento de esta”.